Pablo Méndez
La corrupción ha tomado matices tan preocupantes en nuestra sociedad, que ni activando los piquetes de fusilamientos, el régimen podrá inhibir la podredumbre existente en las instituciones estatales. Lo cierto es que las suscitadas violaciones, no tienen rostro ni jerarquía y las infracciones pueden envolver desde un simple panadero, hasta un general de división o burócrata del Comité Central.
En días recientes, el tribunal provincial de La Habana dictó sentencia contra 10 ex directivos y ex funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y la empresa HEBER BIOTEC S. A., comercializadora de Productos farmacéuticos. Tal fallo se sincroniza con un escándalo de corrupción en la corporación ETECSA, que arrojó desfalcos millonarios, destituciones y encarcelamientos, también dos viceministros del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MICOM) fueron sometidos a medidas cautelares, para ser investigados por la seguridad del estado y aunque las fuentes no precisan el motivo de los apresamientos, sospechan que ocurrió una depredación monetaria a través de firmas extranjeras, ya que ambos directivos estaban involucrados en la instalación del cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, multimillonaria inversión que aún no presta servicio.
A finales de julio, especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF) expusieron a los televidentes de la Mesa Redonda, un sinnúmero de violaciones del patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Habana, daño catalogado de irreversible, sin embargo resultó contradictorio que no se citara como responsable del desbarajuste, al Instituto Nacional de Vivienda (INV), órgano estatal que a través de sus funcionarios, “hombres y mujeres que tienen su precio”, expidieron las licencias. A consecuencia de tal omisión, colaboradores de los municipios, Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana, recogieron las opiniones de 1000 ciudadanos y 914 (92%), coinciden en que “El Instituto Nacional de la Vivienda es un organismo corrupto, y sus directivos carecen de fuerza moral para hacer cumplir las leyes”.
Otros exámenes estiman, que la corrupción en Cuba se ha generalizado explosivamente como resultado de las prohibiciones existentes, algunos argumentan que por falta de libertad de expresión y derecho a huelgas, los trabajadores envés de protestar y luchar para obtener mejoras salariales, recurren al robo para paliar el déficit monetario en sus bolsillos, acto que los degrada moralmente—“Imagínate tengo que robar, porque mi mujer me vuelve loco cuando no hay comida o mi hijo tiene los zapatos rotos”—expresó un panadero que lógicamente prefirió el anonimato.
Pero el régimen presidido por el general de ejército Raúl Castro, está consciente de que el origen de la problemática radica en las prohibiciones que desde hace más de medio siglo inundan las páginas de la Gaceta Oficial. Pero los escépticos no avizoran un total levantamiento, creen que sólo habrá regulaciones dadas las demoras del régimen en bajar el banderín. Entretanto, los miembros del Consejo de Ministros, del secretariado del Comité Central del PCC y los diputados de la Asamblea Nacional, desgastan sus traseros en reuniones, donde no se tiene noticias de debates trascendentales. Raúl en su último discurso ante la Asamblea Nacional, aseguró: “Todos somos iguales ante las leyes” En cambio, nuestros “parlamentarios callejeros” preguntan: ¿qué pasó con el general Rogelio Acebedo?
La corrupción ha tomado matices tan preocupantes en nuestra sociedad, que ni activando los piquetes de fusilamientos, el régimen podrá inhibir la podredumbre existente en las instituciones estatales. Lo cierto es que las suscitadas violaciones, no tienen rostro ni jerarquía y las infracciones pueden envolver desde un simple panadero, hasta un general de división o burócrata del Comité Central.
En días recientes, el tribunal provincial de La Habana dictó sentencia contra 10 ex directivos y ex funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y la empresa HEBER BIOTEC S. A., comercializadora de Productos farmacéuticos. Tal fallo se sincroniza con un escándalo de corrupción en la corporación ETECSA, que arrojó desfalcos millonarios, destituciones y encarcelamientos, también dos viceministros del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MICOM) fueron sometidos a medidas cautelares, para ser investigados por la seguridad del estado y aunque las fuentes no precisan el motivo de los apresamientos, sospechan que ocurrió una depredación monetaria a través de firmas extranjeras, ya que ambos directivos estaban involucrados en la instalación del cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, multimillonaria inversión que aún no presta servicio.
A finales de julio, especialistas del Instituto de Planificación Física (IPF) expusieron a los televidentes de la Mesa Redonda, un sinnúmero de violaciones del patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Habana, daño catalogado de irreversible, sin embargo resultó contradictorio que no se citara como responsable del desbarajuste, al Instituto Nacional de Vivienda (INV), órgano estatal que a través de sus funcionarios, “hombres y mujeres que tienen su precio”, expidieron las licencias. A consecuencia de tal omisión, colaboradores de los municipios, Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana, recogieron las opiniones de 1000 ciudadanos y 914 (92%), coinciden en que “El Instituto Nacional de la Vivienda es un organismo corrupto, y sus directivos carecen de fuerza moral para hacer cumplir las leyes”.
Otros exámenes estiman, que la corrupción en Cuba se ha generalizado explosivamente como resultado de las prohibiciones existentes, algunos argumentan que por falta de libertad de expresión y derecho a huelgas, los trabajadores envés de protestar y luchar para obtener mejoras salariales, recurren al robo para paliar el déficit monetario en sus bolsillos, acto que los degrada moralmente—“Imagínate tengo que robar, porque mi mujer me vuelve loco cuando no hay comida o mi hijo tiene los zapatos rotos”—expresó un panadero que lógicamente prefirió el anonimato.
Pero el régimen presidido por el general de ejército Raúl Castro, está consciente de que el origen de la problemática radica en las prohibiciones que desde hace más de medio siglo inundan las páginas de la Gaceta Oficial. Pero los escépticos no avizoran un total levantamiento, creen que sólo habrá regulaciones dadas las demoras del régimen en bajar el banderín. Entretanto, los miembros del Consejo de Ministros, del secretariado del Comité Central del PCC y los diputados de la Asamblea Nacional, desgastan sus traseros en reuniones, donde no se tiene noticias de debates trascendentales. Raúl en su último discurso ante la Asamblea Nacional, aseguró: “Todos somos iguales ante las leyes” En cambio, nuestros “parlamentarios callejeros” preguntan: ¿qué pasó con el general Rogelio Acebedo?
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